Dinero público y responsabilidad económica y penal

Cada día, cada hora, y casi cada minuto de destapa un nuevo escándalo del derroche de caudales públicos (dinero de todos), que se han venido realizando durante los últimos años por la clase política, banqueros, sindicatos y patronal.

Una de las principales responsabilidades de los políticos es la de legislar en aquellas materias en las que se detecten desviaciones en actuaciones derivadas de un gasto honesto del dinero recaudado vías impuestos. Si algo bueno nos ha traído la crisis, es el conocimiento del derroche efectuado por las autoridades en inversiones improductivas, presupuestos de ejecución inflados en un 200 y 300 por ciento, etc., y todo pese a que el número de asesores externos ha sufrido un aumento espectacular sólo comparable por los sueldos percibidos por éstos individuos designados a dedo. Sin embargo, hoy vemos cómo en el caso de los ERES andaluces, el principal encausado y en la cárcel, puede salir indemne económicamente si se le aplica la subsidiariedad de la Junta de Andalucía en el caso.

Pues bien; si precisamente son los políticos del Congreso de los Diputados quien deben modificar las leyes destinadas a penalizar las acciones de aquellos que malversan, derrochan sin motivo y se benefician de su posición política, se comprende que (una vez por ti y la siguiente por mí) se pongan todos de acuerdo para no ejercitar su deber legislativo, viendo la ciudadanía impotente, cómo se juzga y penalizan delitos menores, mientras que casos sangrantes y sangrientos como los señalados ERES andaluces o el caso de de las deudas en facturas de Jerez de la Frontera sus responsables directos parece que van a salir todos contentos sin penalización económica alguna, y ya veremos si política.

Está claro que la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de un cambio político como ha sucedido recientemente, pero ello en su conjunto, es decir, sin posibilidad de eliminar de las listas a aquellos políticos de los que se sabe con certeza o se sospecha por su trayectoria que no van a cumplir con las expectativas de honradez y buena gestión que en principio le son exigibles.

Ante ello, los ciudadanos nos preguntamos:

¿Qué hay que hacer para que a los ciudadanos nos oigan los políticos en nuestros acuerdos o desacuerdos en cuanto a las decisiones tomadas por ellos?

¿Qué debemos hacer los ciudadanos ante los casos de corrupción con derroche de caudales públicos y la irresponsabilidad de nuestros gestores?. ¿Salir a la calle?

¿Deberíamos constituir grupos de presión a través de Internet?

¿Deberíamos denunciar todos aquellos casos que conozcamos o sospechemos a fin de que a través de los medios nos den cumplida información?